RECORTES DE PRENSA 

(Casimiro G. Abadillo. 3 Mayo 2010)

ZAPATERO SUBVENCIONA CON 255.157 EUROS A CADA MINERO DE LA CUENCA DE LEÓN (A pesar de que sólo cobran 40.000 al año)

El sector del carbón en España es quizá el más subvencionado de Europa. Este año, las ayudas públicas supondrán 1.489 millones, para una plantilla de 5.836 trabajadores. Es decir, 255.157 euros por empleado. Naturalmente, los mineros no ganan ni la quinta parte de esos 255.000 euros (el salario de un trabajador podría rondar los 40.000 euros brutos al año). Pero ese dinero, al margen de la nómina, paga jugosas jubilaciones anticipadas, becas y... llena las arcas de algunas empresas. Exceptuando a Hunosa (empresa pública), el resto son, casi en su totalidad, empresas privadas radicadas en la cuenca de León, que emplean a la mitad de los trabajadores del sector. Resulta curioso que en plena crisis económica y con 4,6 millones de parados, las ayudas al carbón sigan operando como si tal cosa. No es extraño que Rodríguez Zapatero sea considerado un líder carismático para las empresas mineras de León. (...)

El efecto de la política de subvención de energías caras y contaminantes (carbón) y caras y limpias (solar y eólica) ha producido un efecto económico demoledor. En 2008 los hogares españoles pagaban la electricidad un 4,4% más barata que la media de la UE. Este año, pagaremos un 8,8% más que la media europea. El golpe es todavía más dramático para las empresas. En 2008, el precio de la electricidad industrial era en España un 11,4% más bajo que la media de la UE, mientras que este año será un 0,2% más caro.
¿Se puede permitir España esa pérdida de competitividad cuando la economía lleva ya dos años en recesión? El ministro de Industria, Miguel Sebastián, ante esos datos de pesadilla, ha decidido poner coto a las ayudas. Quiere establecer unos precios fijos para las renovables que eviten que la factura eléctrica se dispare hasta límites insoportables. No lo tendrá nada fácil. Poderosos intereses (económicos y electorales) presionan para que nada cambie. Es decir, para que los contribuyentes sigan pagando su despilfarro, unas veces teñido de verde y otras de negro.

LUZ VERDE A LA AMPLIACIÓN DEL FEIXOLÍN  (ABC.es 27/04/2010)

Pese a la sentencia del 30 de enero del 2009, en la que el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León (TSJCYL) ordenaba la clausura de la actividad minera desarrollada por la Minero Siderurgia de Ponferrada (MSP) en El Feixolín, el director general de Energía y Minas, Ricardo González Mantero, ha precisado hoy en León que "lo que se autoriza ahora es una nueva explotación en unas mismas concesiones mineras, pero en una subexplotación distinta". La actividad condenada por el TSJCYL la realizaba la MSP, sociedad que ha pasado a integrar Coto Minero del Cantábrico, propiedad de Victorino Alonso, presidente de Carbunion.Dentro del Plan de Minería a cielo abierto hasta el 2020, la Junta de Castilla y León prevé además invertir 3,7 millones de euros hasta ese año en las explotaciones a cielo abierto de las comarcas leonesas de Laciana y Babia, con el fin de garantizar la actividad minera y proteger y conservar el medio ambiente de la zona, establecida como área Red Natura 2000.

El plan de minería a cielo abierto, así como el informe de sostenibilidad ambiental están ya elaborados y se publicarán próximamente en el Boletín Oficial de Castilla y León (BOCYL), según ha anunciado Mantero en rueda de prensa.Una vez publicado este plan, la Comisión Europea (CE) someterá el texto definitivo a validación para comprobar si estas medidas compensatorias de 3,7 millones de euros propuestas por la Junta son apropiadas o se debe añadir alguna más. Entre las medidas compensatorias destaca la creación de hábitats favorables para la protección de especies protegidas (como el urogallo cantábrico y el oso pardo), la mejora de los pastos para evitar incendios, campañas de sensibilización para la población local y la recuperación de instalaciones mineras que se encuentran abandonadas. Desde un punto de vista económico, Mantero ha destacado que sólo en la comarca de Laciana, el Plan del Carbón 2006-2012 establece una producción total de 964.000 toneladas, lo que supone el 22 por ciento de la producción del carbón de la Comunidad Autónoma. En la comarca lacianiega, el 36 por ciento de la población activa está vinculada a la minería del carbón, de un total de más de 11.000 habitantes.Posteriormente, una vez autorizado el Plan por la Unión Europea (no antes de tres meses), el proyecto de ampliación a la explotación completa del Feixolín (de 73 hectáreas) tendrá que pasar asimismo la Declaración de Impacto Ambiental, cuyo trámite llevará, al menos, un año, según Mantero.Esta medida mantendrá el empleo minero e incrementará en medio centenar los puestos de trabajo en la comarca lacianiega, tras una inversión de 18 millones de euros hasta el 2011 por parte de la empresa Coto Minero Cantábrico. EFE

EL GOBIERNO DEJA DE COMPRAR CARBÓN Y LAS EMPRESAS AMENAZAN CON LA SUSPENSIÓN DE PAGOS.

El Gobierno de España, a través de la empresa pública HUNOSA, compró hasta el pasado febrero una ingente cantidad de carbón por valor de unos 250 millones de euros. Todo ese mineral está depositado en superficies inadecuadas, muchas a la orilla del río Sil, entre Páramo y Toreno. Se desconoce qué tipo de control rige toda esta operación, con qué rigor y garantías se efectúa el peso y los análisis de calidad del carbón almacenado, qué cantidad se han llevado al río las escorrentías originadas por las intensas lluvias y qué ocurrirá cuando las empresas eléctricas compren este mineral (si eso llega a ocurrir) previo pesado y determinación rigurosa de su poder calorífico. La cantidad supuestamente amontonada se acerca a los tres millones de toneladas. En el último Consejo de Ministros, la vicepresidenta Elena Salgado anunció el cese de las compras de carbón. Inmediatamente Victorino Alonso, en su línea habitual de presionar al gobierno utilizando a los sindicatos y estrangulando la economía de los trabajadores, comunicó que suspenderá el pago de las nóminas. (Ver noticia de EL MUNDO)

PÚBLICO. DAVID BOLLERO - MADRID - 22/01/2010 13:22
La Comisión Europea reconoce irregularidades por parte de la Administración española en la concesión de licencias para explotaciones a cielo abierto en la comarca de Laciana (León). Según publica el Diario Oficial de la UE, la empresa Minero Siderúrgica de Ponferrada obtuvo licencias para sus explotaciones de carbón sin su debida declaración de impacto ambiental.  Este hecho se agrava por la localización de las explotaciones de Nueva Julia, Los Ladrones y Fonfría, en Lugares de Interés Comunitario (LIC) y Zonas de Especial Protección para las Aves (ZEPA), en el Espacio Natural Alto Sil. La CE asegura que "los posibles efectos sobre las especies más vulnerables" de estas explotaciones no han sido tenidos en cuenta. En este sentido, la CE subraya no sólo que se pueden destruir zonas críticas para estas especies, sino también hábitats potencialmente aptos para su recuperación. Europa incide, incluso, en el incremento de las perturbaciones en los animales, así como en la posible fragmentación de sus poblaciones. Otras especies amenazadas son corzos, jabalíes, lobos, rebecos o grandes robledales. Colectivos ecologistas, como Filón Verde, reclaman que la sanción no sólo se traduzca en depurar responsabilidades políticas sino, además, en sanciones a la empresa minera, propiedad de Victorino Alonso, dueño también de Uminsa, con las que concentra las dos terceras partes de la producción nacional de carbón.

EL PAÍS. MARIFÉ MORENO 22/03/2010
Después de 16 años y largos y farragosos litigios interpuestos por Unión Fenosa en juzgados de León y Madrid, el Tribunal Supremo ha dado un sorprendente vuelco al proceso civil y ha condenado por fraude  a varias sociedades de Victorino Alonso, el mayor empresario minero del país. El coste de la condena asciende a más de 13 millones de euros, sumando intereses y costas. La sentencia es firme y no cabe recurso alguno. (....)  La Sala de lo Civil del Tribunal Supremo, que fija la condena en casi 7,5 millones de euros, considera probado que Alonso cometió "fraude por maquinaciones" en connivencia con empleados de la empresa eléctrica, lo que dio lugar a que la estafa no fuera detectada de inmediato. Las empresas de Alonso, hoy con unos 3.500 trabajadores entre fijos y sociedades subcontratadas -un tercio de la plantilla de 1994- entregaban un carbón de baja calidad que era dado por bueno, a pesar de los supuestos controles de altos empleados. El peso no era tampoco el indicado en los partes diarios.  (.....)  A pesar de tener una personalidad más que polémica, tanto miembros del PSOE como del PP han puesto como ejemplo en numerosas ocasiones su trayectoria personal y profesional. En juzgados de León y Madrid continúan otras causas abiertas contra Alonso por daños medioambientales.